El publico, percibiendo el sentido último del intento, calificó al proyecto como de Punto Final. Fue remitido, curiosamente, al Senado, donde el gobierno no tenía mayoría y cuyo supuesto obstruccionismo daba lugar a quejas amargas; no a la Cámara de Diputados donde la UCR era mayoría de 128 sobre un total de 254. En el Senado, donde había 18 radicales, 21 justicialistas y 6 provinciales, la estrategia del presidente se basó en una negociación con el senador peronista por Catamarca, Vicente Saadi, jefe de uno de los dos bloques en que se dividía el justicialismo; negociación secreta que tomó por sorpresa al propio jefe de la bancada senatorial de los radicales, Antonio Nápoli(4).
El grupo de Vicente Saadi colaboró con la formación de QUORUM y participó del debate, al tiempo que el sector del senador por Jujuy, Humberto Martiarena, no intervino en señal de rechazo del proyecto pero tampoco denunció "la componenda política que involucraba a Saadi, con quien el ministro del Interior, Enrique Nosiglia, tenía una excelente relación" (5).
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Lejos habían quedado aquellos fervores pro derechos humanos de los primeros tiempos. Al día siguiente la ley se aprobó en el la Cámara de Diputados. "No hubo controversia porque el PJ dividido en tres bloques, colaboró con Cesar Jaroslavsky, conductor de la bancada radical. El bloque de los renovadores, que piloteaba José Luis Manzano, colaboró NO FORMANDO PARTE DE LA SESION para que la UCR pudiera obtener los dos tercios imprescindibles al efecto de tratar sobre tablas el proyecto, que hubiera demandado por lo menos quince días de haber sido remitido a las comisiones involucradas (...)