Por temor a una “primavera española”, Rajoy pena las convocatorias a través de redes sociales

Las redes sociales se están convirtiendo en una pesadilla para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.
El rol de Twitter y Facebook sumó protagonismo desde el año pasado, cuando los indignados tomaron las calles de las principales ciudades del país y llegaron a su pico de popularidad en la última huelga general del 29 de marzo, de la que participaron millones en las más de 110 ciudades adheridas a la medida.
Por eso, ante el temor de que estalle una “primavera española” el gobierno de Rajoy anunció su intención de controlar parcialmente las redes sociales al convertir en delito penal cualquier convocatoria de protesta a través de esta vía, a través de una reforma del Código Penal español.
La pena mínima para quien incurra en ese delito será de dos años, para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) podrá perseguir a los movimientos sociales y mantener bajo prisión preventiva a manifestantes, como ocurrió con algunos jóvenes arrestados en Barcelona durante la huelga general, a quienes la Justicia aún mantiene en prisión bajo el argumento de que podrían reincidir.
Para las autoridades, la ola de protestas callejeras “es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico”, aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Se trata, según sus palabras, de perseguir penalmente a aquellas personas que acuerden previamente provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las fuerzas de seguridad, otros ciudadanos, o el mobiliario urbano.
El titular de Interior también detalló que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las “modalidades de acometimiento” –ataque violento dirigido contra un policía– a las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Además, se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando éstas se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirán como delito de desorden público el ingreso en establecimientos públicos o el cierre del acceso a éstos.
“Creemos que hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza”, afirmó el ministro.
Además, consideró que “no es asumible” que la Policía pueda recibir insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ningún castigo.
La iniciativa del PP provocó un inmediato rechazo de la oposición socialista y, especialmente, de los grupos parlamentarios de izquierda, que denuncian la vulneración de derechos fundamentales.
La vocera del Partido Socialista (PSOE) en el Congreso, Soraya Rodríguez, afirmó que el Ejecutivo adoptó la “peligrosa práctica” de hacer anuncios “de forma irreflexiva, a golpe de titular y con mucho populismo”, sobre cuestiones “de profundo calado y graves, porque afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Por su parte, el vocero de los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, rechazó las medidas que calificó de “desmesuradas” y “de otra época”. El PP “pretende convertir a España en un Estado policial”, y “criminalizar futuras protestas, consciente del rechazo social que está provocando”, agregó.
Los rechazos a través de redes sociales tampoco se hicieron esperar: en Twitter ya se creó el “hashtag” (tema más tratado en esta red) #HolaDictadura, que fue el tema estrella, junto a la subida de los precios del transporte público en Madrid.
Fuente: Por temor a una “primavera española”, Rajoy pena las convocatorias a través de redes sociales

Linda reforma quieren hacer eh. Pregunta a los españoles del foro, se habló de esto allá? Tuvo repercusión?