La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se puso firme, y esta vez la cosa va bien en serio. En un comunicado, anunciaron que las acciones legales iniciadas el año pasado contra personas que intercambiaron música de forma ilegal ya están siendo ejecutadas: "dejaron de ser números de IP (números de identificación de la computadora), tienen nombre y apellido y debieron pagar indemnizaciones, de hasta 15 mil pesos, por los daños causados”.
Como la Justicia condenó a usuarios, que en su mayoría son jóvenes de entre 15 y 25, los padres fueron quienes tuvieron que afrontar las consecuencias. También hay empresas involucradas ya que permitieron que sus empleados usaran la Red para compartir estos archivos.
Los montos de las multas dependerán de la cantidad de archivos musicales disponibles que tenga cada usuario y del potencial daño causado debido a la redistribución que hayan tenido los mismos. Por ahora, la multa más cara fue de 15 mil pesos.
“La intención de estas acciones es que la gente tome conciencia sobre las implicancias de éstas prácticas ilegales para la cultura musical del país, y las situaciones entre padres e hijos que se dieron en las familias afectadas por las acciones legales es un buen comienzo", afirmó Gabriel Salcedo, Director ejecutivo de CAPIF