Días de sombras y vergüenzas
Mientras la provincia de Santa Fe, con un electorado de magnitud equivalente al de Córdoba, ofrecía al país una ejemplar jornada de civismo, nuestra provincia vivía un día de sombras y vergüenza.
Pertenece a la bizarra tradición nacional que los candidatos derrotados en elecciones atribuyan a fraude la victoria del oponente. O que se apresuren a proclamarse triunfadores para condicionar el resultado. Es que no existe sistema alguno de votación a prueba de manejos distorsivos de la voluntad expresada en las urnas.
La sospecha que se difunde cala siempre en la opinión pública, en general por dos motivos: la dilatada historia de elecciones contaminadas por proscripciones, condicionamientos, manipulación de padrones y de actas y varias otras formas de uso desleal de los códigos electorales.
La segunda razón se relaciona con la escasa o nula preparación de quienes actúan en las mesas receptoras de sufragios, sean designados por la Justicia Electoral o por los partidos intervinientes, que procuran así prevenir manejos espurios.
Pero además, cuando el sistema de votación y procesamiento experimenta los abrumadores e inexplicables problemas que se registraron el domingo último en esta provincia, desde demoras de hasta dos horas en la presentación de las autoridades de las mesas hasta dilación extrema en la difusión de los datos que iba arrojando el conteo de votos, se tienen servidos los argumentos para la sospecha o las denuncias de fraude. Hasta ahora, ni las sociedades tecnológicamente más avanzadas han logrado perfeccionar un sistema a prueba de manipulaciones y sospechas.
Un ejemplo extremo lo proporcionó Estados Unidos: en las elecciones de 2006, miles de ciudadanos votaron por primera vez en las llamadas "urnas electrónicas" (e-urnas). Se presumía que la informática proporcionaría a un tiempo garantía de privacidad y celeridad en la votación y en el procesamiento de datos. Un año más tarde, investigadores del Estado de Ohio descubrieron que las e-urnas almacenaban y permitían publicar información que identificaba por quién votó cada persona. Desde entonces, en los estados de Ohio, Arkansas, Iowa, Carolina del Norte y Virginia, entre otros, el voto ya no es secreto, lo cual supone un regreso a los tiempos del cacicazgo.
En el pasado, con las papeletas y la compra de libretas de enrolamiento (o ahora de DNI), votaban hasta los muertos. Hoy basta con introducir subrepticiamente un programa en las centrales de cómputos para que voten hasta ciudadanos virtuales. Es lo que aconteció en 2003 en Schaerbeek (Bélgica), donde el conteo electrónico reveló que se habían emitido cuatro mil votos más que el número de ciudadanos empadronados.
Una experiencia similar se vivió en 2005 en España. cuando el gobierno convocó a una consulta pública sobre la Constitución Europea en 52 municipios. La ONG "El Observatorio de Voto Electrónico de España" elaboró un informe que demostraba que ni el Ministerio del Interior ni la empresa que proveía las e-urnas podían garantizar el anonimato de la ciudadanía ni evitar problemas técnicos en la emisión y procesamiento de los votos.
De modo que no ha perdido vigencia el antiguo método manual. Lo que ha perdido vigencia es la confianza en la clase política, inmersa en un lodazal de acciones oscuras, que crea un clima que induce a sospechas y denuncias de fraude, sobre todo cuando se producen demoras inconcebibles en la difusión de los datos que van arrojando los escrutinios. Tanto más cuanto que en Santa Fe, con el mismo régimen electoral y con un número similar de electores, a tres horas de cerrados los comicios ya se conocía y se aceptaba de manera plena el triunfo del candidato opositor Hermes Binner.
Las elecciones de Córdoba han quedado enturbiadas por la dilación de los datos, una sombría grieta abierta en los cimientos de la ardua construcción de una genuina sociedad democrática, grieta nada fácil de cerrar. Es imperioso despejar todas las dudas sobre el escrutinio, sea que se ratifique el triunfo de Juan Schiaretti o que se consagre a Luis Juez, porque la legitimidad del gobernador no puede quedar cuestionada. Y que se saquen todas las enseñanzas de este lamentable episodio, que desdice la tradición democrática de la provincia y puede dañar aún más la ya precaria convivencia política.
Pero no es éste el único riesgo. Con una elección que quizá termine saldándose con la mínima ventaja de un punto, el ganador tendrá en la Legislatura provincial una mayoría automática que no representará, ni remotamente, a la civilidad de Córdoba. Tan imperioso como eliminar el clientelismo para sanear las campañas electorales es revisar en profundidad los esquemas de representatividad, porque tienen un pernicioso efecto sobre la solidez y transparencia del sistema democrático.
Fuente |
La Voz del Interior
