Con distintos argumentos, referentes de la oposición coincidieron en que el máximo responsable por la crítica situación en la que se encuentra el servicio ferroviario, y que hoy volvió a quedar de manifiesto con los graves incidentes en dos estaciones de la línea Sarmiento, es uno solo: el Gobierno.
Pero las culpas están compartidas. A las fallas que le endilgan a la Casa Rosada, sobre todo en el control de los millonarios subsidios que se otorgan a las concesionarias del servicio, se suma el rol de las empresas, a las que acusan de no invertir lo suficiente.
Por otra parte, calificaron de "despropósito" que la administración de Cristina Kirchner impulse la construcción del tren bala mientras persiste la "caótica" situación de los trenes.
Patético". "Hace años que venimos advirtiendo sobre el estado patético del servicio de trenes. Y en esto es clave el mal manejo de [el secretario de Transporte, Ricardo] Jaime y la casi absoluta falta de regulaciones claras por parte del Estado", evaluó el senador Alfredo Martínez (UCR-Santa Cruz).
Consultado por lanacion.com, el vicepresidente de la Comisión de Transporte de la Cámara alta apuntó contra la política oficial de subsidios. "Se reparten sin ningún tipo de control y en eso el Estado es el único responsable, es quien tendría que controlar en qué se usan una vez que los entregó", planteó.
En este punto, Martínez cuestionó la vigencia del proyecto de la Casa Rosada de construir un tren bala para unir las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. "Si el tren bala fuera una iniciativa absolutamente privada y no nos costara un peso, vaya y pase. Pero lo cierto es que los ciudadanos vamos a ser los garantes, vamos a terminar pagándolo. Teniendo en cuenta el estado del sistema ferroviario, seguir apostando al tren bala es un verdadero despropósito", alertó.
"Chivo expiatorio". El jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, arremetió contra el Gobierno por haber culpado a Quebracho y al Partido Obrero por los incidentes.
"El Gobierno busca chivos expiatorios en supuestos infiltrados izquierdistas en lugar de asumir sus responsabilidades por el calamitoso estado del transporte ferroviario", acusó el legislador.
A través de un comunicado, Pérez apuntó contra Jaime y contra el ministro de Planificación, Julio De Vido. "Jaime y De Vido tienen que dar explicaciones por lo que sucedió y no Aníbal Fernández. No se trata de un hecho de inseguridad, sino de la consecuencia de la política sistemática llevada a cabo por estos funcionarios para destruir el sistema de transporte público", insistió.
"Sistema corrupto". También desde la fuerza que lidera Elisa Carrió, la bonaerense Margarita Stolbizer atribuyó los incidentes de esta mañana en las estaciones de Castelar y Merlo al "hartazgo de la gente" frente a lo que describió como "el sistema de corrupción en base a los subsidios a los privados que forma parte de la estructura de poder del kirchnerismo".
Tras este diagnóstico, la titular de la CC bonaerense, que vive en Castelar, a dos cuadras de la estación, aseguró: "Esto es casual. Tiene que ver con la falta de previsión, de planificación, de inversión y fundamentalmente de controles por parte del Gobierno".
En declaraciones a radio Continental, la ex diputada dijo estar "preocupada" por "la falta de reacción" de las autoridades. "Es tristísimo el espectáculo de gente que reclama mínimamente viajar con dignidad".
Por su parte, Pino Solanas, el dirigente de Proyecto Sur que hoy estrena la película La próxima estación, sobre la historia de los ferrocarriles nacionales, consideró: "Lo que pasó hoy se viene repitiendo. Estos incendios no son intencionales, sino que ocurren por cortocircuitos de los mecanismos internos de las vías".
Contra los vagones. El cineasta consideró "entendible" la reacción de los usuarios. "Se incurre en un maltrato en cadena del usuario, que termina reaccionando con bronca contra los vagones como si fueran culpables".
Consultado por lanacion.com, cuestionó al grupo Cirigliano, dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que maneja la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, entre otras, desde mayo de 1995. La empresa posee también el Grupo Plaza de colectivos y los talleres ferroviarios Emfer.
"Tiene la concesión del Sarmiento y maneja los colectivos Plaza desde el menemismo. ¿Cómo es posible que todavía no le hayan quitado la concesión?, se preguntó.
Para Solanas, las cifras son elocuentes. "La Argentina tiene el 20 por ciento de los trenes que tenía antes de la privatización, tenía 36 mil kilómetros de vías y trenes que iban a 100 kilómetros por hora. Ahora tiene 14 mil kilómetros y los trenes no van a más de 60 kilómetros por hora", graficó.
El dirigente del Partido Obrero, Jorge Altamira, también apuntó contra el grupo Cirigliano. "La rebelión [de los pasajeros] es angustiante, pero está plenamente justificada. El desastre no se puede seguir ocultando. El grupo Cirigliano está desinvirtiendo de una forma fabulosa", afirmó en declaraciones a lanacion.com.
Para Altamira, "no hay ninguna duda" de que el "principal culpable" del estado de los trenes es el Gobierno "Avala contratos absolutamente difusos y poco claros respecto de los compromisos de inversión", destacó. Y añadió: "No se cumple con las inversiones pactadas y no hay sanciones porque los empresarios son todos amigos del Gobierno".
"No tiene lógica que las empresas exijan aumentos de tarifas para invertir. El sistema funciona al revés: las firmas deberían adelantar capital, arriesgarse y recién entonces pedir aumentos. No puede ser que los usuarios terminen financiando la inversión", razonó.
Tren bala. El dirigente usó la misma palabra para describir la insistencia oficial con el tren bala. "Es un despropósito. Tener un tren bala es maravilloso si el resto de los trenes funciona. Y si su financiamiento [el del tren bala] no fuera tan oneroso", indicó.
En sintonía con Altamira, opinó Mauricio Macri. El jefe de gobierno porteño reclamó hoy al gobierno nacional que "suspenda el proyecto del tren bala" y que invierta en "obras que mejoren y recuperen la red ferroviaria del área metropolitana".
Macri sostuvo que los incidentes "son una clara evidencia de que el transporte ferroviario de pasajeros se encuentra en situación de colapso" y consideró "necesario que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar un buen servicio a los ciudadanos, que cotidianamente sufren maltrato y falta de respeto, viajando hacinados o con demoras y cancelaciones".
En un comunicado de prensa, el jefe de gobierno manifestó su "categórico repudio ante el uso de la violencia como forma de protesta ciudadana y deploró la posible presencia de activistas durante los incidentes en las estaciones de Merlo y Castelar".
Macri pidió "al Gobierno que suspenda el proyecto del tren bala y que destine la millonaria inversión que demandaría esa iniciativa para realizar un programa de obras que mejore y recupere la red ferroviaria del área metropolitana".
El proyecto del tren bala quedó reactivado luego de que el Gobierno anunciara el pago de la deuda que mantiene con el Club de París en una sola vez y con reservas del Banco Central.
Aunque en la primera conferencia de prensa que dio en Olivos Cristina Kirchner aseguró que no saldría dinero del Estado para el proyecto, hasta el último peso de los 10.000 millones que se estima costará la obra saldrán del Tesoro nacional. El plan de financiamiento contempla la emisión de un bono público que tendrá un suscriptor único, el banco francés Natixis.