TN y Malvinas

[haunTd]

No se porque tienen que ser contradictorias, una cosa no invalida la otra,el IPC es una y es la que mide el Indec, se puede discutir la cuestión metodologica y si esta refleja claramente el consumo de la población y las ponderaciones estan realizadas de manera correcta en base a ese consumo o no, no te voy a negar la existencia de aumentos desmedidos de precios, sobre todo en alimentos, pero hay que buscar la responsabilidad en la estructura oligopolica en la producción de alimento para darse cuenta quien es el reponsable principal de esos aumentos, sumada a la condición estructural de la economia argentina como exportadora de bienes salario, cuestión que las retenciones a las exportaciones pretende corregir.
Y la otra cuestión es nada mas y nada menos que el esclarecimento de un delito de lesa humanidad como es el robo de bebes por parte de una organización estatal, tan o mas delito que el robo de Nicole y se quiere atrapar al culpable.

El IPC, hoy por hoy como es medido, es un chiste. No se puede discutir la metodología porque directamente es indefendible, a menos que tengas algo para aclarar en el asunto, cosa que dudo porque los mismos empleados que hacen la mediciones están en contra del sistema utilizado.

Sobre el aumento en los precios de los alimentos: La Argentina es un país con una inflación culturalizada. Independientemente de las culpas que hayan en los diversos sectores, la falta de una política estatal que resguarde tanto al productor como al consumidor se hizo evidente en los últimos meses, donde el consejo oficial fue simplemente optar por otros alimentos. La cuestión de las retenciones está fuera de discusión siempre que se mantengan en el plano de inconstitucionalidad con la cual se planteó en la 125. Al Estado no le faltan ingresos, le falta federizarlos, por lo cual no creo que las retenciones sean una solución, pero éso ya es mi opinión personal.

Sobre la caso Noble: Ya estoy bastante en desacuerdo con las barbaridades y los atropellos con los cuales se maneja Carlotto habitualmente en casos anteriores como el de Evelyn Vazquez Ferra o el de Carlos Ignacio Mancuso como para sustentar volver a atropellar los derechos individuales y universales de las personas.

Para el que no lo sepa, en el caso de Evelyn Vazquez Ferrá, la joven se negó a dar su ADN para el exámen, en especial para que sea utilizado como herramienta para agravar la situación jurídica de su padre adoptivo. Ante la negativa, la Corte Suprema falló en favor de la joven, pero la jueza ultraoficialista Servini de Cubría decidió entonces allanar la casa de la joven, forzando la puerta y revisando entre sus pertenencias para extraer tanto ropa interior usada como su cepillo de dientes, los que utilizaron para comparar el ADN, a pesar de la negativa de la joven en cuestión. El resultado dió positivo a las suposiciones de Abuelas de Plaza de Mayo, indicando que Evelyn era hija de dos militantes desaparecidos.

Si bien el caso anterior fue un atropello tanto al derecho básico y personalísimo de la identidad como al de la intimidad, el caso de Carlos Ignacio Mancuso fue, directamente, un papelón. El chico nació en el Sanatorio Alberdi, el parto está registrado en dicha institución con firma de la partera que asistió, quien aún vive. La familia fue acusada por Jorgelina Azzarri de Pereyra, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, por el caso de expropiación de bebés, tildandolos de "represores" e imputando a sus propios padres por dicha causa.
Los Mancuso optaron por hacer el análisis de sangre a Carlos Ignacio en el PRICAI cruzado con sus padres, contrario a la legislación exigente que se haga una muestra comparativa con todo el Banco de Datos de Desaparecidos, alojado en el hospital Durand. El exámen del PRICAI arrojó que Carlos Ignacio era el hijo biológico de los Mancuso en un porcentaje superior al 99%, pero el juez Oyarbide (hoy investigado por el Consejo de la Magistratura) ordenó la nulidad del exámen por no estar sujeto a la legislación. Lo curioso es que la Corte Suprema de Justicia, un tiempo después, avaló el uso del PRICAI en materia de derechos humanos para el caso de los hijos de Noble de Herrera. Aún contra todas las pruebas y pericias, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo continuó insistiendo a la Justicia el allanamiento de la casa de los Mancuso para obtener su ADN, cosa que no pudo resolucionar por la negativa de Carlos Ignacio no solo de que se usara su sangre, sino cualquier elemento que contenga su información genética, incluso los ya existentes en la causa.
Finalmente, y después de 8 años de causa, Abuelas de Plaza de Mayo dió con la nieta desaparecida de la señora Azzari de Pereyra en una joven de Santiago del Estero, sin relación alguna con la familia Mancuso.
Contrario a los dichos de Carlotto en reiterados medios de comunicación, nunca hubo una disculpa oficial, siquiera una mención al tema.