Elecciones Jefe de Gobierno Cap.Fed.

[Pepmixitah]

Me da paja leer todo. Es claro que Miceli le mintio al presi y en cuanto le saltaron las fichas la echaron. Y lo de la ministra de defensa, si lo sacas de contexto no tiene ningun sentido
De hecho, lee la nacion de ayer en vez de la de anteayer donde ella aclara que el que haya sacado fuera de contexto y literalmente lo que dijo es (y cito) "un pelotudo". Que es claro que sabe lo que es un fal, pero que nunca hizo la colimba y nunca toco, ni disparo uno.
Me parece que es bastante irrelevante para un ministro de defensa, tener conocimientos avanzados sobre fales ^^
Ademas, no hubo ningun contrabando de nada a Estados Unidos. Cuando fabricaciones militares quiere vender un arma al exterior, le pide a una comision formada entre otros por el ministerio de defensa, cancilleria y aduana que revisen la venta, logicamente con lo que a cada uno le compete.
El ministerio de defensa (es decir sus especialistas) revisan que esas partes de armas que venden, realmente lo sean. Cancilleria revisa que al pais que se le vende, se pueda hacerlo (en este caso como en eeuu venden armas hasta en los kioskos no habia problema). Aduana revisa el precio de las armas, una vez que los otros dos han aprobado la venta. En este caso, aduana dijo que habia subfacturacion y la venta se cancelo.
El juez Triscornia (que lleva su tercer juicio politico y esta grabado pidiendo una cometa de 4 millones de pesos para fallar a favor de un juicio) se quiere llevar un funcionario del poder ejecutivo de rehen, para q no le hagan el juicio politico que estaba planeado empezar el viernes ultimo (el jueves la cita a la ministra de defensa y lo manda a todos los medios).
Es realmente LAMENTABLE, un tipo de accionar de este estilo, de un juez de la nacion y mas que vos, que aparentemente miras todo desde un lugar de etica y moral, te regocijes con estas jugarretas mafiosas.
Mas teniendo en cuenta que Garre, tiene una historia de militancia intachable y en el ministerio de defensa hizo una revolucion en menos de un año y medio. Hasta el propio Lopez Murphy (claro opositor y ex ministro de defensa) dijo que su gestion es muy buena.
Pero buem.. estamos en año de eleccion

Articulo de Horacio Verbitsky del dia de hoy:

Algunos políticos opositores y algunos medios de comunicación pretenden que el gobierno de Néstor Kirchner es tan o más corrupto que el de Carlos Menem. Esta homologación de situaciones incomparables tiende a provocar escepticismo y desinterés, escenario propicio para desgastar al gobierno e impedir su continuidad o, al menos, condicionar sus políticas. Corrupción hay en todos los países del mundo, y las diferencias están en qué nivel ocurre y en la conducta institucional cuando se descubre algún episodio.

Al asumir la presidencia, Menem envió al Congreso un proyecto de ampliación de cinco a nueve en el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que fue aprobado con la presencia de personas armadas en el recinto de la Cámara de Diputados y cafeteros en las bancas para dar quórum. Estos hechos fueron comprobados en una causa judicial iniciada por el diputado radical Carlos Mosca, pero al concluir su mandato la justicia archivó el expediente aduciendo que el denunciante había perdido su legitimidad como actor en la causa. Menem también consiguió la renuncia de dos de los jueces de la Corte y en una noche creó una mayoría automática de seis jueces sobre nueve. Envió sus pliegos un jueves y el Senado los aprobó el viernes, en sesión secreta de siete minutos sin asistencia de la oposición. Salvo excepciones, los designados fueron socios, amigos, cómplices o parientes del Jefe Supremo de la Nación y de sus funcionarios, como el farmacéutico riojano Julio Nazareno, el presidente de los partidos de tenis Eduardo Moliné O’Connor o el inefable inversor en Luxemburgo Adolfo Vázquez. También amplió de seis a doce el número de juzgados federales en la Capital, presionó el alejamiento de los seis titulares anteriores y designó a los doce nuevos. Además creó una Cámara de Casación Penal y la selección de sus integrantes provocó la renuncia del ministro de Justicia Carlos Arslanian quien dijo que ese tribunal se estaba llenando de esperpentos. Así Menem llegó a controlar nueve de cada diez cargos en el fuero decisivo. En cambio Kirchner, desde el Poder Ejecutivo, y Cristina Fernández, desde el Senado, promovieron un procedimiento transparente para la designación de jueces federales de todos los niveles, desde la primera instancia hasta la Corte Suprema, que incluye una investigación preliminar sobre sus asuntos económicos, un periodo de impugnaciones una vez anunciada cada candidatura y sesiones públicas en el Senado, durante las que deben contestar todas las observaciones que se les formulen. A diferencia de los amigotes de Menem, tanto Ricardo Lorenzetti como Raúl Zaffaroni, Elena Highton y Carmen Argibay son juristas respetados y personas decentes, que jamás protegerían a un funcionario ladrón. Es útil repasar además algunos datos de las causas que han tenido trascendencia pública en los últimos meses. En el caso Techint-Skanska, el uso de facturas falsas fue descubierto y denunciado a la justicia por la AFIP. La subfacturación del embarque de piezas de armas no fue descubierta por el juez Tiscornia sino por la Aduana en ocasión del procedimiento normal de verificación instituido por Kirchner en el decreto 657/05. Cuando el juez federal Guillermo Montenegro citó a declaración indagatoria a Fulvio Madaro y Néstor Ulloa, Kirchner los separó de sus cargos. El mismo día en que el fiscal Marijuán imputó a la ministra de Economía Felisa Miceli, el presidente le pidió la renuncia.

Clarín no suele dedicar su principal título de tapa a una investigación propia sobre una secretaría del gobierno ni emplear títulos tan genéricos como “Sospechas” o “Extraños manejos”. No hubiera estado de más aclarar que varias decisiones oficiales, ya tomadas o pendientes, pueden afectar negocios del Grupo Clarín por miles de millones de pesos:

- El 9 de marzo funcionarios de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable comprobaron el vertido de efluentes líquidos contaminantes de la planta en Baradero de Papel Prensa, del Grupo Clarín. La secretaría fijó un plazo de 180 días para eliminar esa contaminación. Las obras necesarias costarán unos 10 millones de dólares.

- El gobierno nacional había pedido que el canal 7 de televisión transmitiera un partido de fútbol los viernes. A raíz de ello los clubes reclamaron un aumento sustancial a Torneos y Competencias, del grupo Clarín, en el contrato por las transmisiones por cable. El nuevo contrato se firmó poco después. La empresa deberá pagar 180 millones de pesos por año, el doble que hasta ahora.

- El 27 de abril la fiscal de la Cámara Comercial, Alejandra Gils Carbó, solicitó que se revocara la homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión con sus acreedores, que considera inconstitucional. Esto a su vez afecta la reclamada fusión de Cablevisión con Multicanal, ambos operadores de cable del Grupo Clarín, cuya aprobación depende de la Comisión de Defensa de la Competencia. Entre ambos superan los tres millones de abonados, en un negocio de miles de millones de dólares.

- Esos mismos operadores esperan una respuesta de la secretaría de Comunicaciones y de la Comisión Nacional de Comunicaciones a su solicitud de ofrecer también el servicio de telefonía por cablemodem digital.

Nada de esto invalida la investigación periodística sobre la secretaría ambiental, pero no es la mejor práctica sustraer del conocimiento del lector datos tan relevantes.

3. La extorsión

La decisión del juez federal en lo penal económico Guillermo Tiscornia de investigar a la ministra de Defensa en un caso de contrabando y subfacturación de piezas de armas fue firmada el martes 17, con el ostensible propósito de maniatar al Consejo de la Magistratura, cuya comisión de Acusación y Disciplina había incluido en su agenda para el jueves 19 el tratamiento de un dictamen que recomendaba la suspensión y juicio político del juez por la solicitud de coimas a una empresa española que explota bingos y tragamonedas. El diario La Nación reservó el principal título de tapa del jueves 19 a informar la imputación contra la ministra. Cuando la Comisión aprobó de todos modos el dictamen acusatorio, La Nación invirtió la secuencia y sostuvo que esa fue la respuesta del gobierno ante la decisión de imputar a la ministra, como si el trueno precediera al relámpago. El expediente dice lo contrario.

Los emisarios de Tiscornia fueron filmados mientras solicitaban cuatro millones de dólares a cambio de no procesar a los directivos de la empresa Codere. El caso en su contra no fue instruido por un político sino por el consejero abogado Santiago Montaña, cuyo voto se sumó este jueves a los del académico Mariano Candioti, la secretaria de justicia Marcela Losardo y los legisladores oficialistas Diana Conti y María Laura Leguizamón. Los dos luises que representan a los jueces en el Consejo, Cabral y Bunge Campos, se abstuvieron. Bunge quería una prórroga para profundizar el estudio del dictamen, Cabral estaba de acuerdo con la acusación pero propuso agregar el modo irregular de la citación a la ministra en el caso de los repuestos de armas. La mayoría no aceptó esa dilación, porque hubiera obligado a citar una vez más al juez para escuchar su descargo por esta nueva causal de remoción. Además, hubiera dado apariencia de realidad a la suspicacia inducida por La Nación acerca de una represalia por implicar a Garré, cuando la causa contra el juez por los bingos empezó hace más de un año y las pruebas son abrumadoras. Puesto su juego en evidencia, ahora amenaza con renunciar para victimizarse.

El bingo de Tiscornia

El decreto 603/92, contra la proliferación de armas de destrucción masiva, regula las exportaciones sensitivas y de material bélico. Todo su articulado apunta a imposibilitar la venta irregular de materiales o equipos nucleares, misilísticos o aptos para la guerra química y bacteriológica. Para controlarla se creó una comisión integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa) y la Dirección General de Aduanas. El Renar tiene a cargo el control de las exportaciones de armas de fuego en el caso de fusiles o sus partes y la Aduana la inspección de la carga y la verificación del material. Según el juez, bajo la máscara de una venta de material de desguace a Estados Unidos, podría esconderse un cargamento de partes de armas que luego se transformarían en fusiles terminados para ser vendidos a otro país. Las constancias del expediente del ministerio de Defensa muestran una serie de precauciones para impedir esa posibilidad. Por ejemplo, pidió a Citefa un peritaje, que determinó que las piezas exportadas en distintos embarques autorizados entre 2003 y 2006 alcanzaban sólo al 66 por ciento de las que componen un fusil liviano y el 46 por ciento de las de un fusil pesado. El 15 de junio de 2006, la Comisión fijó cuatro condiciones adicionales para autorizar la exportación: debían detallarse los números de serie de cada pieza a exportar, cosa que no se había hecho en ninguno de los actos previos; los agregados militares en Estados Unidos debían verificar que el material llegara a la empresa importadora; la autorización no sería abierta sino con un plazo de vencimiento de un año y Fabricaciones Militares debía informar las fechas de salida y de recepción del material. Recién entonces, Garré firmó la resolución 1334, de diciembre de 2006, que autorizaba el embarque. Tiscornia también remitió copia de la causa al fuero federal, donde el juez Jorge Ballestero debería investigar un posible fraude a la administración pública. Para que se entienda la relevancia del caso: los 6.739 kilos de repuestos de armas fueron declarados a un valor de 2.664 dólares, es decir a razón de 40 centavos por kilo, cuando el valor de la chatarra oscilaría entre 1,50 y 3 dólares. La Aduana es el organismo obligado a inspeccionar la carga y verificar el material. Al hacerlo descubrió la diferencia de valores que dio lugar a la aparatosa intervención del juez Tiscornia, quien imaginó que esos 6.739 kilos de fierros podían ser el salvavidas que lo rescatara de las aguas del juicio político y gritó ¡Bingo!